Se habilitó para solucionar un problema de seguridad vial y les ha acarreado otro urbanístico. El Ayuntamiento de Badajoz ha sancionado a la Asociación de Propietarios de la Dehesilla de Calamón con 18.667,34 euros por una infracción grave tras construir sin licencia una glorieta en el cruce de dos calles del interior de la urbanización y además tendrán que eliminarla. Los dos expedientes, el de restauración de la legalidad y el sancionador, que los vecinos recurrieron, se aprobaron en el último pleno de la corporación municipal pero los afectados no se van a conformar y acudirán al juzgado de lo contencioso administrativo, según ha confirmado su abogado, Luis Díaz-Ambrona.
La rotonda se construyó en 2017 en el cruce de la avenida 6 con la calle 3 y al mismo tiempo se ampliaron los viales que convergen en ella. La glorieta, de unos 6 metros de diámetro, está señalizada e iluminada. Un vecino donó de forma gratuita la farola que se colocó en el centro y los propietarios de los terrenos que la circundan, el suelo para la ampliación. Según el presidente de la Asociación de Propietarios de Dehesilla de Calamón, Justo Iglesias, decidieron habilitar la rotonda por un problema de «seguridad» tras producirse varias colisiones debido al incremento de tráfico por el paso de vecinos de la finca Malasaradas. Iglesias apunta que desde que existe la glorieta no ha habido más accidentes. El representante de los propietarios confía en que no los obliguen a eliminarla «por responsabilidad». Recuerda además que llegaron a pedir autorización a la Junta por si afectaba a una cañada real y respondió que no existía ningún inconveniente, lo que demuestra «que no ha existido alevosía ni nocturnidad por nuestra parte». Los vecinos señalan que otras urbanizaciones tienen rotondas en uso. En ese caso, la denuncia partió de un propietario de Dehesilla de Calamón.
Los afectados defienden que es una obra menor y acudirán al juzgado de lo contencioso-administrativo
La Dehesilla de Calamón es un Núcleo Urbano Secundario (NUS). La rotonda es una obra de urbanización que requiere estar incluida en un proyecto de urbanización completo porque es suelo urbano no consolidado. La infracción ha sido calificada grave pero podría haber sido muy grave, según explica el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, con multas de 50.000 a 150.000 euros. Urueña reconoce que «no tiene mucho sentido» porque la obra costó 10.000 euros. Se abrieron dos expedientes paralelos: el de la restauración de la legalidad, que supone devolver los viales a su estado original, y el de sanción. El concejal insiste en que lo único que puede hacer el ayuntamiento en estos casos es aplicar la ley, la Lotus (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura), que en el artículo 183.3c considera como infracción grave la ejecución de obras de urbanización y la apertura de nuevos viales previsto en suelo urbano o urbanizable sin contar con la aprobación de la documentación legalmente exigida. Se aplica en este caso dado que al no existir instrumento de planeamiento impide que las actuaciones estén previstas en este suelo y tiene en cuenta que el artículo 146.1.c, que sujeta a licencia las actuaciones aisladas de urbanización, pero se ha acometido sin permiso de obras. Al no existir ni agravantes ni atenuantes, la multa se queda en el mínimo de la mitad, pues para las infracciones graves es de 3.000 a 50.000 euros.
El problema que subyace es la complicada situación urbanística en la que se encuentran los NUS. Con el artículo 71 de la Lotus sobre los asentamientos rústicos se intenta solucionar, aunque en el caso de Badajoz no están en suelo rústico sino en suelo urbano no consolidado, por lo que hay que desclasificarlos y a través de un plan especial hacer el asentamiento rústico, que debe tener las infraestructuras básicas (viales con anchura suficiente para los servicios de emergencia y redes de abastecimiento y saneamiento). Pero estas urbanizaciones son tan grandes y están alejadas del centro que la inversión que requieren es cuantiosa.
Díaz-Ambrona aduce que las calles donde se encuentra la rotonda son de titularidad privada. Según el abogado, el informe de la Inspección de Urbanismo valoró esta obra en 1.300 euros (no coincide con el dato del concejal) y defiende que se trata de una obra menor que no necesita licencia, solo una comunicación al ayuntamiento, que no se hizo, por lo que «como mucho» se calificaría como una infracción leve, que prescribe al año, con lo cual estaría prescrita. «Es una obra que ha sido muy positiva porque desde entonces no ha habido accidentes», sostiene Díaz-Ambrona, quien tiene claro los argumentos: «Es un caso injusto y absolutamente absurdo, porque ¿qué quiere el ayuntamiento, que siga habiendo accidentes en este cruce? No tiene ni pies ni cabeza».
