Son interpretaciones técnicas que no tienen que valorarse como un deterioro en la relación entre el Ayuntamiento de Badajoz y la empresa de los autobuses urbanos (Tubasa), según defiende el gerente de la concesionaria, Julián Pocostales. Pero lo cierto es que Tubasa, una vez superada la vía administrativa y para que no se le echen encima los plazos, ha tenido que recurrir al juzgado de lo contencioso-administrativo para hacer valer lo que considera que le corresponde y ha presentado tres recursos: dos para reclamar las liquidaciones del déficit de los años 2019 y 2020, que suman más de 2,2 millones de euros, y el tercero por la modificación del contrato para la renovación de parte de la flota, con la que la empresa no está de acuerdo porque, entre otras cuestiones, no se le hizo partícipe de este cambio.
La cantidad total que reclama Tubasa es casi la mitad de la facturación de la concesionaria, que ronda los 5 millones de euros y se corresponde con la obligación que tiene el ayuntamiento de cubrir el déficit para sostener el equilibro financiero según las condiciones de la concesión.
La liquidación del déficit de 2019 supera, según la empresa, los 900.000 euros y aún no le han sido abonados. No solo eso, tampoco está de acuerdo Tubasa con el resultado de la auditoría a la que la sometió el ayuntamiento para aclarar el resultado de este ejercicio, que rebaja en más de 300.000 euros el cálculo de la concesionaria. Habitualmente la liquidación suele abonarse en septiembre del año siguiente. Han pasado dos y aún no se ha pagado.
El segundo recurso es por la liquidación del déficit de 2020, un ejercicio muy complicado debido a la pandemia, que redujo drásticamente el número de usuarios del autobús urbano, un servicio que se siguió prestando por considerarse básico. Tubasa reclama más de 1,2 millones de euros de este ejercicio y está pendiente de que se inicie el trámite, pues aúno no tiene respuesta. Pocostales defiende la “situación difícil” que están atravesando por la repercusión de la crisis sanitaria y les urgen las liquidaciones.
El tercer recurso tiene que ver con la modificación el contrato para la renovación parcial de la flota para los años 2021 y 2022. Se anunció hace un año y se llevó a pleno en junio. Por contrato, lo vehículos se renuevan los de gasoil a los 13 años y a los 10, los eléctricos. El ayuntamiento lo ha tramitado como una modificación de contrato, pero la concesionaria no está de acuerdo porque es una obligación cambiarlos, dado que ahora hay vehículos con hasta 15 años y tampoco comparten que solo se incluyan los acogidos a la subvención del Idae, contemplada en un plan de movilidad más ambicioso que incluye otros transportes públicos dentro del proyecto ‘Badajoz se cuida’. De conseguir esta ayuda que no está asegurada hacen responsables a Tubasa. En la empresa se quejan de que para cambiar el contrato deberían haberle dado audiencia en el trámite, lo que que la llevado a recurrir al contencioso.
Tubasa presentó alegaciones a la modificación del contrato, que el pleno del ayuntamiento rechazó ayer lunes.
