El equipo de abogados que representa a las familias de dos de los tres trabajadores fallecidos el pasado mes de enero mientras retiraban camalote en el río Guadiana a su paso por Badajoz ha desvelado hoy que la Inspección de Trabajo aprecia "posibles infracciones" de seguridad y salud que pudieron resultar "determinantes" en el fatal desenlace.
Este informe ha sido realizado por el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral, dependiente de la Junta de Extremadura. Los abogados José Antonio Pajuelo, Juan Manuel Yerga y Concha Gómez, que representan a las familias de los fallecidos Emilio García y José Luis Martín, han explicado en una rueda de prensa que el estudio de la Inspección de Trabajo indica que las condiciones ambientales y meteorológicas y el caudal y corrientes del río pudieron ser no adecuadas para acometer estos trabajos.
Los operarios, de 60, 44 y 31 años, perdieron la vida tras volcar la embarcación en la que trabajaban en tareas de control y limpieza del camalote en el azud de La Pesquera.
El informe, según los letrados, también recoge tres posibles incumplimientos en materia de riesgos laborales: la falta de formación de los trabajadores para asegurar su destreza en el nado, la no existencia de un procedimiento a seguir en caso de una emergencia de este tipo, e incumplimientos en la calidad y normas de uso de los equipos de protección individual, concretamente respecto a los chalecos salvavidas y a los vadeadores.
Por estas conclusiones, se ha abierto un acta de infracción contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y las dos concesionarias, Foresa y Exver, por si pudieran derivarse sanciones.
De forma paralela, el informe se ha trasladado a la Fiscalía de Badajoz, quien decidirá si impulsa la causa penal o si por el contrario la sobresee, una decisión esta última que los letrados consideran "remota" a tenor de las conclusiones aportadas por el centro dependiente de la Junta de Extremadura, a las que los abogados quieren añadir más pruebas.
Por este motivo los letrados y las familias llevarán la solicitud de responsabilidades "hasta sus últimas consecuencias", ha advertido Pajuelo. Por su parte, Yerga ha explicado que habría un delito contra la seguridad de los trabajadores, con penas que van de seis meses a los tres años de cárcel. "La Ley de Prevención de Riesgos es muy clara, al indicar que la responsabilidad va desde la contrata principal hasta la subcontrata, todas con responsabilidad en la salud de los trabajadores", ha precisado Concha Gómez.
