La llegada de los fondos europeos para la recuperación por la crisis provocada por la pandemia podría servir de acicate para convertir en viviendas sociales los 90 pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra, en Badajoz. Es lo que pretende la Junta de Extremadura, que lleva años negociando con el Gobierno central para hacerse con estos inmuebles sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo en firme. Ayer mismo, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, remitió una carta a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior), para que ceda gratuitamente a la Junta estos pisos durante el plazo máximo legal de 99 años, con la intención de acondicionarlos usando estos fondos europeos y ocuparlos con alquileres sociales.

La carta tiene fecha de salida del 2 de septiembre y en ella la consejera cuenta que «en los últimos meses» se han producido varias reuniones entre la gerencia de Interior y la consejería para tratar el tema relativo a las 90 viviendas de Suerte de Saavedra en Badajoz. Recuerda en su escrito que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto en marcha por la Unión Europea para atajar las consecuencias socioeconómicas ocasionadas por la pandemia, se incluyen inversiones destinadas expresamente a la rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales.

Como, según la consejera, ambas partes han mostrado interés en la rehabilitación de este entorno y de las viviendas de Suerte de Saavedra, la Junta se plantea la adecuación de estos inmuebles, para lo cual sería necesario que la Gerencia de Infraestructuras procediera a constituir un derecho real de superficie a título gratuito a favor de la Administración extremeña para que pueda realizar las actuaciones necesarias de construcción y edificación. La Gerencia de Infraestructuras tiene, entre otras funciones, la de desarrollar las directrices de Interior en materia de patrimonio inmobiliario y sus condiciones urbanísticas y hay que recordar que estos inmuebles pertenecen a este ministerio. El derecho de superficie consiste en tener en suelo ajeno una edificación en propiedad, de manera que habría dos dueños: el del suelo, que sería el ministerio, y el de las viviendas, que sería el superficiario, en este caso la Junta de Extremadura.

La consejera añade en su escrito que la constitución de este derecho se realizaría por el plazo legal máximo de 99 años, dado que la finalidad y destino de los inmuebles sería el alquiler asequible y siempre condicionado a la obtención de los fondos europeos del plan de recuperación. Para terminar, Leire Iglesias se ofrece para concretar la viabilidad y los términos concretos para la constitución de ese derecho de superficie.

Más de 10 años han transcurrido desde que se quedaron vacíos buena parte de los pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra y hace más de 3 los okuparon una docena de familias, de las que la mitad han sido realojadas. En este tiempo, las administraciones central y regional han estado negociando, pero las conversaciones parecían encalladas. El nuevo alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto este asunto sobre la mesa en las reuniones que ha mantenido a primeros de julio tanto con el presidente de la Junta como con la delegada del Gobierno, tras su toma de posesión, para que la cesión de los pisos se desbloquee.