Las Hermanas Hospitalarias ponen su Centro de Rehabilitación Residencial (CRR) de la calle Menacho a disposición de la Junta de Extremadura. Lo hacen después de que ayer se llevase a cabo el traslado a la residencia Caser de Olivenza de los 30 enfermos mentales que vivían allí, más los 8 restantes que lo hacían en un piso supervisado.

Cristina Polidura, directora gerente de la congregación en Extremadura y parte de Madrid, explica que el ofrecimiento se realiza debido a que las cuatro hermanas que ahora mismo quedan en Badajoz quieren seguir con su labor de ayudar a las personas más vulnerables: «Tenemos un futuro incierto, pero nosotros queremos continuar con nuestra misión, aunque a corto plazo no tenemos todavía ningún uso definido. Ojalá la Junta detecte alguna necesidad y tenga presupuesto para cubrirla y cuente con nosotros, que es lo que nos gustaría».

Cuenta que han intentado paralizar el traslado hasta el final, pero que, al no conseguirlo, decidieron prestar toda la colaboración posible. Así, ayer sobre las diez y media de la mañana, los usuarios dejaron atrás un centro que algunos conocían desde que echó a andar en 2007. El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) facilitó varios autocares para aquellos que no pudiesen ir hasta la localidad oliventina por sí mismos o con sus familiares.

Con ellos se fueron también los 24 profesionales que los acompañan día a día. «Los conocen, la mayoría de ellos tiene mucha experiencia, así que es positivo tanto desde el punto de vista de conservación de sus puestos de trabajo como de vínculo con los usuarios», dice la gerente.

Proceso judicial

A principios de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestimó las medidas cautelarísimas solicitadas por las Hospitalarias. En septiembre, este mismo tribunal deberá decidir acerca de las cautelares, pero Polidura señala que se están pensando desistir ya que, de ser aceptadas, generarían a los enfermos un daño mayor, puesto que, en ese caso, tendrían que ser trasladados de nuevo a Badajoz: «Es un poco absurdo que se pronuncie sobre algo que ya se ha producido».

Donde sí que no se echará atrás la congregación es en el recurso contencioso-administrativo que planean presentar próximamente por considerar que la entidad adjudicataria «no dispone de ninguna licencia ni habilitación empresarial para tratar a personas con trastorno mental grave, solo están especializados en tercera edad». Polidura manifiesta que les parecen insuficientes los requisitos que el Sepad incluyó en el pliego de condiciones del concurso para hacerse con la gestión de este servicio, al contrario de lo que ocurría anteriormente.

Un concurso al que, por otro lado, se presentaron en enero de 2021 Caser y las Hospitalarias después de que los dos anteriores, publicados en junio y noviembre de 2020, quedasen desiertos. La gerente explica que la congregación no se postuló a los primeros porque el presupuesto que ofrecía la Junta «no daba para cubrir los costes directos», que no incluyen rentabilidad económica ya que, como la propia Polidura recuerda, las Hermanas Hospitalarias no tienen ánimo de lucro.