El Ayuntamiento de Badajoz pone a disposición de la Junta de Extremadura suelo dotacional para construir una residencia para enfermos mentales. Lo anunció ayer el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, con motivo del traslado a Olivenza de los 38 usuarios del centro destinado a personas con este tipo de problemas que durante 14 años han gestionado las Hermanas Hospitalarias en la calle Menacho.

En un principio, contaba ayer Cavacasillas, trataron de paralizar este proceso. Para ello, se reunieron en julio con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, con el fin de ayudar tanto a los enfermos como a sus familiares. Incluso le propusieron que la nueva adjudicataria, la residencia Caser de Olivenza, intentase atender al mayor número posible de usuarios en Badajoz, donde también tiene recursos. Vergeles, según el concejal, reconoció que le parecía buena idea, pero el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado, le comunicó al día siguiente que no era posible con esa entidad. 

Cavacasillas pidió entonces buscar otras con las que sí se pudiese llevar a cabo ese plan, pero, al no haber obtenido respuesta todavía, entiende que el traslado, que tendrá lugar mañana, sigue su curso. Por eso, tras no conseguir ese primer objetivo, pasan a abordar el segundo con el propósito de que «estas situaciones no vuelvan a suceder». El ayuntamiento todavía no tiene en mente ningún lugar concreto para construir esa futura residencia que plantean a la Junta. Cavacasillas afirmó que la intención es reunirse con la Administración regional el próximo mes de septiembre para «valorar los distintos espacios que existen en la ciudad que se puedan utilizar para ello».

Indignación

El edil pacense se pronunció ayer tras acompañar a varios familiares afectados por el traslado a la localidad oliventina en una nueva protesta a las puertas del centro de Menacho. La indignación que estos mostraban era patente. «Fernández Vara dijo que nunca abandonaría a la salud mental, pero ha tardado poco tiempo en olvidarse de ella, porque la han destrozado», manifestó de forma contundente Manuel Moreno, padre de uno de los usuarios del centro que lleva allí desde 2010.

«Es una sinrazón absoluta a pesar de que la Comisión Jurídica o el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hayan dado el visto bueno porque se les pretende sacar de un ambiente al que están perfectamente adaptados. Ellos se encuentran aquí bien, con un estado de ánimo normalizado, y ahora van a llegar a un sitio completamente alejado de su entorno de vida. A cualquiera de nosotros nos costaría amoldarnos con facilidad», explicó profundamente contrariado.

Otro de los daños colaterales viene por la parte de la estigmatización que suelen sufrir las personas con este tipo de problemas y la cual, según Moreno, «se ha minimizado, porque es muy difícil convivir con gente con una enfermedad mental y aquí se les acepta». «Si los usuarios, los familiares, los psiquiatras y profesionales, los comerciantes y vecinos de la zona están en contra, ¿quién se beneficia?», se preguntaba ayer de forma retórica.

Ante las nuevas quejas de los afectados, este diario preguntó a la Junta de Extremadura si se planteaba paralizar el traslado en el último momento, pero el organismo autonómico se limitó simplemente a aclarar que se trata de «un desalojo de las instalaciones y el inicio de un nuevo contrato el día 25 en Olivenza», para lo cual «facilitan el acceso a los que no tienen medio al sitio donde se empieza a prestar el servicio este miércoles».

Los familiares, sin embargo, no se rinden, y aseguran que recurrirán al Defensor del Pueblo «para que haya edificios estables públicos donde se lleve a cabo el servicio y nos olvidemos de la parte económica para centrarnos en la calidad de la vida de los residentes».

«Mi hijo me dijo que se suicidaba»

Que se suicidaba o que se iba a vivir debajo de un puente. Eso fue lo que le dijo a Cristina Álvarez su hijo, uno de los 38 usuarios de la residencia de salud mental que las Hermanas Hospitalarias han gestionado desde 2007 al enterarse de que se tenía que ir a Olivenza después de unos ocho años en la capital pacense.

No es exagerado. Moreno advirtió ayer de las posibles consecuencias negativas de este traslado: «Van a pasar del abandono a la depresión y quién sabe si no llegaremos a situaciones como el suicidio o la autolesión».

Álvarez narraba la angustia que le produjo la reacción de su hijo. Gracias también al apoyo de sus hermanos, lo consiguieron mentalizar, aunque eso no ha evitado «que esté de los nervios» ni que le «forme escándalos, cosa que no hacía desde hace años».

Él es uno de los ocho enfermos mentales que vive en un piso supervisado en lugar de en el centro ubicado en la calle Menacho. Por eso el cambio, en su caso, «todavía es más grande». Este es, precisamente, otro de los perjuicios derivados de este trastorno, ya que en Olivenza no se habilitará ningún piso, sino que todos vivirán en una misma residencia: «Lo que había avanzado en esa independencia que había logrado, ahora se pierde».

«Pasan de una situación un poquito más avanzada en el tema de la reinserción a meterlos otra vez en una residencia. Es absurdo», añadía Jacinto Cerezo, otro de los familiares.

Varios psiquiatras de los centros de salud de Valdepasillas y de Ciudad Jardín elaboraron informes donde, según Moreno, explicaban los riesgos del traslado, haciendo especial hincapié en los usuarios de estos pisos: «Cuando una persona con una enfermedad mental llega ahí, quiere decir que ha superado distintas etapas y procesos donde ya ha alcanzado un nivel de autosuficiencia como para poder gestionar parte de su propia vida, pero en este caso se ignora. El tiempo que llevamos luchando para que consigan esos logros lo tiramos a la basura. ¿Qué ánimo tiene alguien que lleva ahí tantos años para empezar otra vez?».