La detención y entrada en prisión del propietario y presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, afecta «de manera directa» al proceso para la concesión al club del Nuevo Vivero, que el ayuntamiento se comprometió a sacar a concurso en 2022, tras la firma en diciembre del convenio de cesión de las instalaciones por cuatro años, prorrogables otros cuatro. Así lo reconoció ayer el alcalde, Ignacio Gragera, quien señaló que el proceso para la concesión no se aparca, pero es un problema al tramitar un expediente administrativo, pues para el ayuntamiento es complicado acceder a cierta documentación y poder avanzar con esta incertidumbre «a futuros» en el club.
El alcalde dijo además que desconoce si hay cuentas embargadas en empresas relacionadas con el Badajoz y el juzgado de momento no ha informado al ayuntamiento ni le ha requerido información. Tampoco, según comentó, en el club tienen demasiada información y desligan la actividad del equipo de la investigación relacionada con el presunto fraude de hidrocarburos «y de hecho siguen entrenando con normalidad». Gragera insistió en su respeto a la presunción de inocencia y al secreto de sumario.
