Los vecinos de Los Rostros de Santa Amalia y las Huertas de la Encina, conocidos como Los Rostros 1 y 1, siguen dando la pelea para tratar de regularizar sus propiedades y poner fin a la situación de ilegalidad en la que se encuentran desde hace dos décadas. Así, según informó el arquitecto que un centenar de afectados han contrato como asesor, Juan Antonio Álvarez, esta semana presentarán un recurso de reposición contra la resolución del pleno del Ayuntamiento de Badajoz en la que se rechazó tramitar la modificación puntal del Plan General Municipal (PGM), que estos propietarios solicitaron para poder acogerse a la figura de Asentamiento Rústico Irregular que contempla la nueva Ley del Suelo (Lotus).
Según Álvarez, los informes técnicos y jurídicos en los que se sustenta la resolución del pleno (que fue aprobada con la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del concejal no adscrito Alejandro Vélez) no justifican el rechazo a la demanda de los afectados. En este sentido, explicó que las razones que se aducen chocan con los criterios que el ayuntamiento esgrime para tratar de regularizar los Núcleos Urbanos Secundarios (NUS). «¿Por qué recalificar Campomanes es interés general de los ciudadanos y de la ciudad y en el caso de Los Rostros no?», se preguntó el arquitecto, quien recordó que en ambos casos hay órdenes de derribo sobre propiedades. «No entendemos la diferencia de criterio», añadió Álvarez.
El ayuntamiento, una vez presentado el recurso, tiene un plazo de un mes para contestar el recurso y, en caso de que la respuesta sea desfavorable, los afectados acudirán al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. «Vamos a seguir defendiendo por todos los medios lo que creemos que es de derecho y justicia», advirtió el asesor.
La solicitud de modificación puntual del PGM presentada por los afectados iba acompañada de otra para que , como medida cautelar, se paralizaran los expedients administrativos abiertos contra ellos. En abril y en junio los técnicos municipales acudieron a Los Rostros 1 y 2 para tratar de ejecutar los derribos, pero los vecinos les han impedido el paso a sus propiedades. El ayuntamiento anunció entonces que solicitaría una orden judicial, pero hasta la fecha a los propietarios no se les ha comunicado nada al respecto.
Álvarez criticó que el ayuntamiento les haya denegado la sentencia a la que han venido refiriéndose desde el equipo de gobierno para argumentar que es el juez el que «ordena» las demoliciones. A pesar de no haber accedido a ella, según el arquitecto, en la propia respuesta del ayuntamiento para denegársela, queda constancia de que el juzgado no es el que dicta los derribos, sino que lo que hace es «avalar» que los procedimientos eran correctos, que no habían prescrito y se tenía que continuar con los expedientes abiertos a los vecinos.
«Las demoliciones no están ordenadas por los tribunales de Justicia, sino avaladas en procedimiento administrativo», apuntó. De lo contrario, según el arquitecto, las edificaciones ya se habrían echado abajo, «como ha ocurrido en Plasencia» en el caso de la Sierra de Santa Bárbara.
