La detención del empresario y dueño de CD Badajoz, Joaquín Parra, en una operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales ha suscitado muchos interrogantes no solo sobre su persona y negocios, sino también sobre las posibles consecuencias que podría tener para el club pacense, pese a que se ha desvinculado del caso, y para la propia ciudad.
Aunque el Ayuntamiento de Badajoz no ha querido realizar ninguna valoración sobre lo ocurrido, por «respeto» al secreto de las actuaciones decretado por el juez y la presunción de inocencia de los investigados, sí ha informado de que dará traslado a sus servicios jurídicos de la situación judicial del máximo accionista del Badajoz, para que elaboren un informe sobre las «posibles implicaciones» que pudiera tener sobre los acuerdos alcanzados entre ambas partes. Esto es, sobre el convenio de cesión del Nuevo Vivero, que se firmó el pasado diciembre por cuatro años, prorrogables por otro periodo similar, con el compromiso de que, con el 2022 como fecha tope, se sacara a licitación una concesión administrativa por 75 años (hasta el 2095).
El Badajoz tendría que concursar y Parra anunció un proyecto que, según dijo, tenía como objetivo acercar el estadio a la ciudad y viceversa, con la ampliación de aforo, instalaciones para retransmisiones televisivas en directo, zona de restauración y locales comerciales, que lo hicieran rentable para que el dueño del club pudiera hacer frente a las inversiones realizadas en el Nuevo Vivero.
El convenio lo firmaron el presidente del Badajoz y el exalcalde, Francisco Javier Fragoso, con la presencia de representantes de todos los grupos políticos en el ayuntamiento (el pleno había acordado 15 días antes la cesión). La sintonía parecía reinar hasta que, tras la derrota frente al Amorebieta y el fin del camino a Segunda para el equipo pacense, Parra y Fragoso se enzarzaron en un cruce de declaraciones a cuenta de los trámites de la concesión. El presidente del Badajoz tenía prisas porque el estadio pasara a sus manos para «hacer un club sostenible», porque, aunque era un bien público, «el que gasta la pasta es Joaquín Parra», dijo en ese momento. Pero el entonces alcalde quería que todos los cabos quedaran atados porque, prefería «ver al Badajoz en tercera desde casa que en primera desde la cárcel».
Las aguas parecieron volver a su cauce y el presidente de los blanquinegros mostró su confianza en que con la llegada del nuevo alcalde, Ignacio Gragera, se pudiera avanzar en la tramitación de concesión, unos planes que a los que habrá que ver ahora si afecta la situación judicial de su principal valedor.
De momento, Parra, que fue detenido en Dos Hermanas el martes, seguía hoy en los calabozos de la comandancia de Sevilla a la espera de pasar a disposición judicial, según fuentes cercanas a la investigación. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que se puedan producir nuevas detenciones. Lo que no está previsto, de momento, son nuevos registros en Badajoz.
Como ya informó este diario, junto al empresario fueron arrestadas otras cuatro personas en Sevilla y Málaga, a las que un juzgado de esta última ciudad, investiga por presuntamente defraudar más de 13 millones de euros con la venta de combustible en sus gasolineras, que se han precintado. En la operación, se han embargado de manera preventiva 225 cuentas bancarias, 36 inmuebles, dos yates y 49 vehículos de lujo. En Badajoz, se registraron las oficinas del club en el Nuevo Vivero y la de la empresa Extrem Petrol, en la plaza de España, vinculada a Parra, que también tendría otros negocios en el punto de mira de la Guardia Civil.
Como el ayuntamiento pacense, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, preguntado por la prensa por la detención del dueño del Badajoz, ha apelado a su presunción de inocencia y ha manifestado su «absoluta confianza» en la Justicia.
