Primero les tocó a Los Rotros I y II, y ayer fue el turno de El Naranjal, que ha hecho lo mismo que las dos primeras urbanizaciones: impedir el paso a los técnicos municipales que tenían previsto acudir allí ayer a las 10.00 horas para comenzar con los trabajos de demolición de 30 edificaciones irregulares correspondientes a expedientes abiertos de la década pasada.

Esta vez, la arquitecta y el aparejador municipal se personaron solos, sin máquinas ni policía, ya que intuían que, como pasó en Los Rostros I y II, no les dejarían pasar a su propiedad privada alegando estar en medio de un proceso de regularización de sus parcelas. Al igual que ocurrió entonces, anunciaron que solicitarían una orden judicial para ejecutar las demoliciones.

Los vecinos de esta finca seguirán los mismos pasos que los de Los Rostros I y II, algunos de los cuales estuvieron ayer dándoles su apoyo en persona: presentarán al ayuntamiento una petición para la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), como paso previo a acogerse a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) y, en concreto, al artículo que permite legalizar las parcelaciones y construcciones en suelo rústico mediante la Declaración de Asentamientos Rústicos Irregulares.

También han solicitado de forma individual que se paralicen los expedientes sancionadores abiertos contra ellos como medida cautelar, aunque de momento no han obtenido notificación alguna respecto a ninguna de las dos peticiones.

Esta modificación de Los Rostros I y II ya fue rechazada en el pleno celebrado el pasado 31 de mayo, pero Juan Antonio Álvarez, el arquitecto que asesora a las tres urbanizaciones, señala que, aunque intuyan que el desenlace será el mismo, repetirán el procedimiento y no dudarán en llegar a los tribunales si no se llega a un acuerdo con el ayuntamiento: «Estamos convencidos de que la ley ampara esta actuación. Es que el artículo de la Lotus al que nos acogemos está hecho prácticamente para esto».

Única vivienda

Gran parte de los vecinos de El Naranjal tienen allí su segunda residencia, pero hay algunas excepciones. Antonio Pozueco, por ejemplo, no tiene otro lugar a donde ir. Tanto él como su mujer están en paro, y no saben qué harán con sus hijos de 4, 6 y 13 años si finalmente les tiran su primera y única vivienda. «Se nos viene el mundo encima», dice.

Otros propietarios sí que cuentan con un plan B al vivir en Badajoz, pero se encuentran igual de preocupados que Pozueco. Es el caso de Antonio Fuentes, que también ejerce como portavoz de los vecinos. Manifiesta que no entienden por qué el ayuntamiento ha puesto su punto de mira en estas urbanizaciones -aludiendo también a Los Rostros I y II-, «porque estas no son legales, pero tampoco otras».