Con el apoyo en solitario del PP y Ciudadanos se dio vía libre ayer al plan de saneamiento financiero de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) y la modificación presupuestaria para un crédito de 7.513.811 euros para dotarla de fondos con los que afrontar la construcción de viviendas y otras actuaciones urbanísticas en Badajoz y los poblados previstas para los próximos años. El PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, lo rechazaron y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, tuvo que hacer valer su voto de calidad para sacar adelante esta propuesta, como el resto de las que componían el orden del día el pleno extraordinario, ya que el exconcejal de Vox mantuvo la tónica de oponerse a todas las propuestas, por lo que los síes de PP y Cs empataban con los noes del PSOE (uno de sus concejales no asistió por motivos médicos) y Unidas Podemos.

 Los socialistas aseguraron que la Inmuba está en situación de «quiebra técnica» por la mala gestión del equipo de gobierno, al que acusaron de plantear la misma «receta» para darle viabilidad a costa de «papá ayuntamiento». Además, cuestionaron que se cumpla el plan de construir 228 viviendas en tres años, pues en los últimos 11 solo se ha hecho 96. El concejal del PSOE Pedro Miranda y la portavoz de Podemos, Erika Cadenas, coincidieron al considerar que este crédito solo sirve para «seguir engordando su deuda» y al criticar que no se construyen viviendas asequibles. Sobre esto último, la concejala instó a que se rehabiliten casas y locales vacíos y se favorezca el alquiler. También criticaron que el plan de saneamiento financiero contemple un incremento en los precios del párking de Santa María (un 5% para los abonados y un 10% para las plazas en rotación) y la eliminación de la vigilancia presencial.

Sin embargo, el concejal de la Inmuba, Eladio Buzo, y el de Urbanismo, Carlos Urueña, recordaron que este plan es obligatorio porque el ahorro negativo es neto y defendieron la función de la Inmuba, que llega donde no lo hace la inversión privada, ofertando vivienda a precios «asequibles». Urueña destacó la actuación «fundamental» que está realizando en El Campillo, donde, entre construidas, en licitación y proceso de excavación arqueológica, hay 98 vivienda en marcha, mientras que Buzo defendió la viabilidad de la empresa municipal. «No es inviable, lo que queremos es que sea mejor y construya más viviendas, por eso hacemos este plan», dijo.

Tampoco estuvo exento de polémica el debate sobre la modificación del contrato a la concesionaria del transporte público urbano, Tubasa, para que incorpore este año a su flota otros 9 vehículos eléctricos, siete autobuses y dos microbuses, cuyo coste se afrontará a través de un incremento anual de 147.000 euros en el déficit de la concesión durante 10 años. 

El concejal socialista Martín Serván  señalando que «roza la ilegalidad» y planteó que se elevara a la Junta Consultiva Estatal, pues supone un incremento «intolerable» del déficit del servicio, del que el ayuntamiento, según dijo, aporta ya «más del 60%». Además, planteó que se rescinda el contrato con la concesionaria y se vuelva a sacar licitación, «porque lo de ahora no beneficia al interés general». En la misma línea se pronunció la portavoz de Unidas Podemos, quien volvió a defender la remunicipalización del transporte urbano, «porque saldría más barato a la ciudad».

La respuesta a sus críticas se la dieron el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Transportes, Jesús Coslado, quienes criticaron a Serván por hablar de rozar la ilegalidad cuando se cuenta con todos los informes favorables». Coslado lo invitó a acudir a los tribunales si cree que es así. Ambos defendieron que esta es una «inversión estratégica», para mantener a Badajoz «a la cabeza» del transporte urbano sostenible y siga siendo «referente». El alcalde, por su parte, recordó que el contrato con Tubasa lo firmó el PSOE en 1987 y que es por una de sus cláusulas por la que hay que renovar los autobuses cada 10 años. En este sentido, destacó que la apuesta de equipo de gobierno ha sido hacerlo con vehículos eléctricos y no de gasóleo, para lo que se recurre a todas las subvenciones que existen, como en esta caso la del Idae. Asimismo, señaló que rescindir el contrato que proponen supondría un coste mucho mayor para la ciudad, pues la concesión es hasta el 2037.