La cita para vacunarse contra la covid-19 de uno de los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha obligado a suspender hasta mañana el inicio del juicio por el tiroteo ocurrido en noviembre del 2017 en la barriada de la Uva, en el que un joven holandés de origen marroquí murió a consecuencia de un disparo en la cabeza. Cinco hombres se sientan en el banquillo por su presunta implicación en estos hechos, acusados de homicidio en grado de tentativa y otros delitos. La fiscalía pide para cuatro de ellos penas de cárcel de entre 5 y 13 años y para el quinto, un año de cárcel por tenencia ilícita de armas. La causa por homicidio se ha sobreseído de manera provisional por no quedar suficientemente acreditada la autoría del disparo mortal.
Tanto el ministerio público como las defensas de los procesados entienden que la vacunación de uno de los miembros del tribunal es una cuestión "de salud pública" que justifica que la primera sesión del juicio se posponga hasta mañana, cuando se ha citado a las partes a las 9.00 horas. La previsión es que las sesiones se prolonguen hasta final de esta semana.
Con motivo de la celebración de esta vista, en la Audiencia Provincial de Badajoz se había reforzado esta mañana la presencia de la Policía Nacional, con más de media docena de agentes. Los hechos que se juzgan, según recoge el escrito de la fiscalía, tuvieron su origen en un tiroteo anterior ocurrido en la calle Gurugú, tras el que uno de los acusados, identificado como M. R. B., contactó con el joven muerto, N. B., presunto sicario con residencia en Málaga, al que encargó una «acción de represalia» contra las supuestas personas que habían disparado. Ambos, junto con otro de los acusados, C. A. C, y varios hombres más no identificados, se reunieron en Badajoz para organiza el plan. Para ello, los inculpados facilitaron al joven holandés un vehículo robado en Elvas, en el que este último, en compañía de al menos otras tres personas cuya identidad se desconoce, se dirigió el 19 de noviembre a la barriada de la UVA. Pasadas las 21.15 horas todos, que vestían de negro y ocultaban sus rostros con pasamontañas, se adentraron en la calle Duero, y dispararon con armas largas y cortas hacia un grupo de mujeres que se encontraban en la puerta de una vivienda de la plaza de las Escuelas, en la que se refugiaron mientras los supuestos sicarios seguían tiroteando la casa. Una de ellas resultó herida por una bala de perdigón en el muslo, aunque este disparo no ha podido ser atribuido a nadie en concreto.
Este ataque fue repelido desde el interior de la vivienda por otro de los procesados, S. F. L, que, según sostiene la fiscalía, no era ajeno a la posibilidad de que se produjera. Realizó varios disparos de escopeta contra los atacantes, que huyeron hacia el vehículo en el que había llegado. Poco antes, S. F. L. había alertado a un vecino, F. J. F. M., que a su vez contactó con un hermanastro del primero, J. J. O. F., y los dos se apostaron en las azoteas de sus casas, ubicadas en una calle cercana, para presuntamente disparar contra los atacantes cuando huían. En el fuego cruzado, un disparo impactó en la cabeza de N. B., que quedó tendido en el suelo gravemente herido, muriendo minutos después. El tiro mortal se realizó a una distancia de entre 50 a 100 metros y desde un plano superior al que se encontraba la víctima, pero no ha quedado suficientemente acreditado quien fue el autor. Sus acompañantes dejaron abandonado a N. B. en el lugar y el coche en el que huyeron apareció calcinado y con impactos de proyectiles al día siguiente en el Camino Viejo de Santa Engracia.
Según el ministerio fiscal, tras el suceso, M. R. B. se encargó de hacer desaparecer los efectos personales del fallecido, así como el vehículo que había alquilado para desplazarse de Málaga a Badajoz, al que le cambió la matrícula y entregó a otra persona. Este turismo fue recuperado en Portugal en otra operación policial posteriormente.
La fiscalía solicita 8 años de prisión por tentativa de homicidio para M. R. B y C. A. C., a los que considera inductores, cooperadores necesarios y/o autores, así como otros 2 años por un delito de receptación y en el caso del primero 3 más por falsedad documental. Para F. J. F. M y J.J. O. F ., el ministerio público pide 5 años de cárcel por intento de homicidio y/o alternativamente de lesiones agravadas agravadas por uso de medio peligroso en grado de tentativa (2 años), así como un año más para cada uno por tenencia ilícita de armas, mientras que para S. L. F. propone una pena de 1 año por tenencia ilícita de armas.
Miguel Ángel Trigo González, abogado que ejerce la defensa de M. R. B. y C. A. C., considera que la acusación de sus representados se sustenta en la "amistad" de ambos con el joven fallecido, circunstancia que pone cuestión, pero que cree que eso no justifica unos cargos de homicidio en grado de tentativa. "Ninguno ha matado a nadie y ni siquiera se encontraban en esos momentos en Badajoz, por lo que entendemos difícil sustentar una acusación tan grave por estos hechos y mantenemos su inocencia". Asimismo, añade que se les imputan delitos que ya han sido enjuiciados y por los que han sido condenadas dos personas en Portugal, en referencia a la entrega y cambio de matrícula del vehículo del presunto sicario.
Por su parte, la defensa de F. J. F. M., en manos de Alfredo Pereira, niega cualquier implicación de su cliente en estos hechos y pide su absolución, a la vez que califica de "contrasentido" que la fiscalía le impute un delito de homicidio en grado de tentativa y/o alternativamente uno de lesiones agravadas en grado de tentativa. Antes de que la vista se suspendiera, a preguntas de la prensa, ha reconocido "la dificultad" de que durante el procedimiento se pueda probar la autoría del disparo mortal, pues el propio ministerio público en su escrito expone que no hay autor conocido del crimen.
Luis Ángel Carretero, abogado de los otros dos inculpados, S. L. F. y J.J. O. F., ha declinado hacer declaraciones hasta el final del proceso "por respeto al tribunal y a los acusados".
