Cinco hombres se sentarán en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz la próxima semana por su presunta implicación en el tiroteo entre dos grupos de personas ocurrido en noviembre del 2017 en la barriada de la UVA, en el que murió por un disparo en la cabeza un joven holandés de origen marroquí. La causa por este homicidio se ha sobreseído de manera provisional por no poderse determinar el autor concreto del disparo que causó su muerte.

Los hechos que se juzgarán, según el escrito de la fiscalía, tuvieron su origen en un tiroteo anterior ocurrido en la calle Gurugú, tras el que uno de los acusados, identificado como M. R. B., contactó con el joven muerto, N. B., presunto sicario con residencia en Málaga, al que encargó una «acción de represalia» contra las supuestas personas que habían disparado. Ambos, junto con otro de los acusados, C. A. C, y varios hombres más no identificados, se reunieron en Badajoz para organiza el plan. Para ello, los inculpados facilitaron al joven holandés un vehículo robado en Elvas, en el que este último, en compañía de al menos otras tres personas cuya identidad se desconoce, se dirigió el 19 de noviembre a la barriada de la UVA. Pasadas las 21.15 horas todos, que vestían de negro y ocultaban sus rostros con pasamontañas, se adentraron en la calle Duero, y dispararon con armas largas y cortas hacia un grupo de mujeres que se encontraban en la puerta de una vivienda de la plaza de las Escuelas, en la que se refugiaron mientras los supuestos sicarios seguían tiroteando la casa. Una de ellas resultó herida por una bala de perdigón en el muslo, aunque este disparo no ha podido ser atribuido a nadie en concreto.

 Este ataque fue repelido desde el interior de la vivienda por otro de los procesados, S. F. L, que, según sostiene la fiscalía, no era ajeno a la posibilidad de que se produjera. Realizó varios disparos de escopeta contra los atacantes, que huyeron hacia el vehículo en el que había llegado. Poco antes, S. F. L. había alertado a un vecino, F. J. F. M., que a su vez contactó con un hermanastro del primero, J. J. O. F., y los dos se apostaron en las azoteas de sus casas, ubicadas en una calle cercana, para presuntamente disparar contra los atacantes cuando huían. En el fuego cruzado, un disparo impactó en la cabeza de N. B., que quedó tendido en el suelo gravemente herido, muriendo minutos después. El tiro mortal se realizó a una distancia de entre 50 a 100 metros y desde un plano superior al que se encontraba la víctima, pero no ha quedado suficientemente acreditado quien fue el autor. Sus acompañantes dejaron abandonado a N. B. en el lugar y el coche en el que huyeron apareció calcinado y con impactos de proyectiles al día siguiente en el Camino Viejo de Santa Engracia.

Según el ministerio fiscal, tras el suceso, M. R. B. se encargó de hacer desaparecer los efectos personales del fallecido, así como el vehículo que había alquilado para desplazarse de Málaga a Badajoz, al que le cambió la matrícula y entregó a otra persona. 

 La fiscalía solicita 8 años de prisión por tentativa de homicidio para M. R. B y C. A. C., a los que considera inductores, cooperadores necesarios y/o autores, así como otros 2 años por un delito de receptación y en el caso del primero 3 más por falsedad documental. Para S. L. F, F. J. F. M y J.J. O. F ., el ministerio público pide 5 años de cárcel por intento de homicidio , y alternativamente de lesiones agravadas agravadas por uso de medio peligroso en grado de tentativa (2 años), así como un año más para cada uno por tenencia ilícita de armas. 

Por su parte, la defensa de F. J. F. M., ejercida por Alfredo Pereira, negó cualquier implicación de su cliente en estos hechos, por lo que pide su absolución. En este sentido, apuntó que no existen pruebas que incriminen a su cliente y consideró que la posición de la fiscalía «solo obedece a que hay que condenar a alguien, y cómo no se sabe a quién ni por qué, se califica de esa manera tan extraña», afirmó.