María Dolores Pérez, médico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Badajoz, terminó su guardia ayer al mediodía. Al salir a recoger su coche después de 28 horas seguidas trabajando, se encontró con que dos vehículos le cerraban el paso, llegando uno de ellos incluso a golpear el suyo. «Soy médico, acabo de salir de guardia del Infanta y tengo el coche bloqueado. Yo lo dejé aquí aparcado ayer correctamente y ahora me encuentro con uno por detrás y otro por delante y no puedo salir», decía por teléfono a la policía local y luego a su marido, quien tuvo que hacerse cargo finalmente de los recados que ella tenía pensado hacer en cuanto terminase su turno.
Unos minutos más tarde apareció con una pequeña maleta Esperanza Romero. Volvía a su pueblo, Hernán Cortés, junto con su marido, Ricardo Santos, después de un ingreso de dos días por parte de este último a consecuencia de una operación. «Esto es una vergüenza. Salir de un hospital y encontrarte con una cosa de estas... ¿Y ahora qué hago yo?», se preguntaba indignado.
Ellos son tan solo tres de los numerosos afectados por el caos que ha generado la marcha de la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba) de los aparcamientos de este centro médico. No es algo que haya pillado de improviso a nadie. Una compañera de Pérez, de hecho, pasó por la misma situación unos días antes, y el miércoles, la auxiliar de enfermería Desirée Rico denunció en redes sociales el desbarajuste que veía desde las ventanas del edificio de Consultas Externas.
Adeba ya no gestiona ninguno de los parkings que tenía en la ciudad. El de la calle Stadium, el único con puertas, se clausuró el pasado 17 de marzo después de que el ayuntamiento anulase el convenio que tenía con ellos a consecuencia de sus deudas con los organismos públicos. A pesar de la orden de desalojar el resto de parcelas de titularidad municipal (Clideba y estación de autobuses), los empleados de la asociación siguieron acudiendo al que consideran que es su puesto de trabajo, lo cual les ha valido ser sancionados en diversas ocasiones por la policía local.
También les han puesto multas en los parkings de los hospitales Universitario y Perpetuo Socorro a pesar de que los terrenos pertenezcan a la Tesorería General de la Seguridad Social y sean utilizados de continuo por el Servicio Extremeño de Salud (SES), según informó a este periódico Francisco Javier Fragoso, alcalde de la capital pacense. En un principio, la Gerencia del Área de Salud de Badajoz comunicó a la asociación que debía dejar de controlar ambos aparcamientos «tras constatar que no nos consta ningún título jurídico válidamente emitido» que permitiese la presencia de los asociados. Estrella Santiago, la abogada que lleva la parte administrativa y laboral de Adeba, asegura que «el contrato verbal, aunque no haya sido escrito, tiene validez absoluta» en la medida en que el colectivo lleva más de veinte años haciendo lo mismo: «Eso hace costumbre y ley, son unos principios jurídicos del derecho». Días más tarde, Juan Bautista López Martínez, director de Régimen Económico y Presupuestario del área de salud pacense, le comunicó tanto su intención como la de Irene Manjón de la Calle, gerente del mismo área, de buscar una solución, encontrándose a la espera de una respuesta de los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura para saber cómo proceder.
El parking que gestionaban en la calle Prim tampoco está en una propiedad del ayuntamiento; se ubica en un solar privado al que actualmente no se puede acceder por obras, aunque Mariano Bas, el encargado de Adeba, asegura que no volverán a ocuparse de él cuando terminen: «El dueño no está acostumbrado a esto, no quiere ni denuncias ni salir en ningún lado, así que nos ha pedido que lo dejemos», dice con resignación tras el efecto ocasionado por las sanciones que han recibido allí también.
Adeba no se rinde
Santiago no niega la existencia de una deuda cuantiosa, pero reprocha al ayuntamiento que, por un lado, haya roto el convenio cuando, según ella, no existía ninguna cláusula que obligase a Adeba a no tener deudas. Por el otro, recrimina que lo haya hecho sin ningún tipo de resolución de por medio: «Solicito la nulidad de las actuaciones porque no se han hecho en base a los procedimientos administrativos que corresponden. El administrado tiene derecho a conocer, a alegar y a tener una audiencia, y aquí esos pasos no se han seguido». También recurrirá las multas de la policía al no considerar ilícita la actividad de la asociación y al tener muchas de las sanciones defecto de forma (en algunos casos no se identifica al denunciado y en otros ni siquiera se especifica el precepto infringido; esto es, el motivo de la denuncia).
La abogada envió un escrito a cada uno de los organismos implicados para poder solucionar el problema sin llegar a los tribunales. Tras no obtener respuesta de ninguna de las partes una vez finalizado el plazo estipulado para ello (diez días hábiles), Santiago confirma que el siguiente paso a dar será la interposición de una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo.
Alfredo Pereira, el letrado encargado de la parte penal, también se encuentra estudiando la posibilidad de denunciar al ayuntamiento «por un uso arbitrario del derecho y por hacer las cosas sin título que le respalde, lo que sería una prevaricación a sabiendas de que lo están haciendo efectivamente contra la norma». Le llevará algo de tiempo presentarla por ser «complicada en cuanto a fundamentación jurídica», pero lo que sí que planea hacer antes de que termine esta semana es querellarse contra el jefe de la policía local «por coacciones, apropiación indebida y prevaricación». El abogado asegura que amenazan a los empleados con llevárselos detenidos y que incluso les prohíben llevar el uniforme «sin una orden que lo ampare».
Lo confirma Diego Montero, uno de los aparcacoches de Adeba, que manifiesta haber tenido que «aguantar insultos» y que les digan que son «como los yonquis después de los veintitantos años que lleva la asociación». Dado lo insostenible de la situación, está pensando en darse de baja para poder cobrar el paro: «No podemos comer siquiera y yo tengo que mantener a mis hijos, pero aun así seguiré yendo con mi uniforme a mi puesto de trabajo».
El ayuntamiento se defiende y la Junta dice que los terrenos de los hospitales no son suyos
Fuentes municipales aseguran que «no se ha puesto una sola multa que no se haya debido de poner» y que, desde el momento en el que el ayuntamiento rompe su relación con Adeba, la policía local tiene permiso para actuar con ellos como si fuesen «gorrillas». Señalan, además, que «se da por supuesta la profesionalidad» de los agentes policiales tanto en lo referente a las órdenes que el colectivo dice no haber visto como a los malos modos que los asociados denuncian haber recibido. Las mismas fuentes también se pronuncian sobre la supuesta exigencia de no tener deudas con la Administración, manifestando que «no es una cláusula, sino una obligación legal de todos los ciudadanos». La Junta de Extremadura, por su parte, no dice qué relación tiene con Adeba y señala directamente que «la Tesorería General de la Seguridad Social es la propietaria registral de todos los inmuebles cedidos como consecuencia de las transferencias realizadas en 2001 a la Consejería de Sanidad» y que, en consecuencia, «no pueden aclarar estas cuestiones».
