El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Badajoz ha emitido su segundo fallo -tercero con el anterior del número 1- contra la vinculación de subvenciones de la Diputación de Badajoz al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El juzgado ha decretado la suspensión de la resolución del presidente de la diputación que desestimó una subvención de 76.500 euros del Plan Dinamiza al Ayuntamiento de Guadiana, que debe ser abonada. El fallo se puede recurrir y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, anunció ayer que se recurrirá como las anteriores.

El auto estima el recurso del anterior alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, que solicitó la medida cautelar del abono de la misma, mientras se resuelve el fondo del asunto sobre el decreto que regula las bases del plan. El auto dice que «debe accederse a la suspensión interesada dado que, además de los daños y perjuicios alegados, que se producirán si se ejecutare el acto recurrido» y que es «incuestionable que el municipio, de no accederse a la suspensión, se ve privado de la subvención, con lo que ello supone para el interés general de la localidad, que consideramos más necesitada de protección».

Añade que, sin entrar en «otras consideraciones, que serán objeto de pronunciamiento en la sentencia que se dicte en el procedimiento principal, entendemos que la localidad no debe verse privada de una subvención que beneficia al interés general».

VALORACIONES / Van tres fallos judiciales contra la vinculación de las subvenciones a la Memoria Histórica y hay otros cuatro recursos en los Juzgados de lo Contencioso pendientes de resolución.

El alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, dijo que las medidas de la diputación «no tienen base legal», y que Gallardo no puede hablar de éxito político porque «la base de la democracia es la legalidad y si te dan un varapalo judicial, lo mejor es rectificar».

Gallardo afirmó que acata los fallos judiciales y avisó de que los recursos pendientes irán en el mismo sentido al estar en los mismos juzgados, aunque confía en el criterio de instancias superiores, pues los servicios jurídicos de la diputación creen que la jurisprudencia dice lo contrario. Sobre la negociación extrajudicial que propuso Fragoso, dijo que «hay que esperar a que sean firmes».