Apenas seis días han transcurrido entre la decisión del 4 de junio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de suspender cautelarmente las oposiciones convocadas por el ayuntamiento pacense para cubrir 47 plazas de agentes de la Policía Local de Badajoz y el auto firmado ayer por el mismo juzgado que deja sin efecto esta suspensión, tras estimar las alegaciones presentadas por el consistorio, en contra de los argumentos del sindicato USO que dieron lugar a la paralización provisional.

Todo lo ocurrido estos últimos días mantiene en vilo a 462 aspirantes que han sido admitidos para presentarse al proceso de selección. El procedimiento sigue ahora adelante, si bien seguramente no podrán cumplirse las fechas previstas, pues las pruebas se iban a iniciar el próximo jueves 13 de junio y ya no hay plazo para avisar con suficiente antelación a los opositores.

Este embrollo tiene su origen en el recurso contencioso administrativo presentado por USO contra la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición que interpuso el 22 de noviembre por presuntas irregularidades en las bases de la convocatoria, que tenían que ver con la composición del tribunal y el orden de las pruebas. El pasado 4 de junio, este sindicato solicitó la suspensión del proceso selectivo hasta que se dictase sentencia firme, dado que el inicio de las pruebas era inminente. Ese mismo día, la jueza dictó el auto de medidas cautelarísimas al tener en cuenta que tanto el orden de las pruebas como la composición del tribunal eran determinantes para el desarrollo y el resultado del proceso «y podía producir un perjuicio irreparable para todos los aspirantes, de tal manera que haría perder al recurso su finalidad legítima».

El juzgado concedió al ayuntamiento 3 días de plazo para alegar, como así ha hecho. En el último auto, la titular del juzgado manifiesta que cuando decidió suspender la oposición solo conocía los argumentos de USO pero no los del consistorio, que ahora ha tenido en consideración y la llevan a concluir que las razones que aportó el sindicato no son suficientes para mantener la suspensión.

USO presentó el recurso basándose en dos argumentos. En primer lugar considera que el sistema de designación de los miembros del tribunal no se ajustan a la Ley de la Función Pública de Extremadura, que determina que a excepción del presidente y el secretario, todos los vocales de los tribunales deben ser designados por sorteo. Según alegó, el ayuntamiento había decidido aplicar las normas marco de la Ley de Policía Local de Extremadura, de manera que solamente se nombrara por sorteo un único vocal.

Pero, según la jueza, la prueba documental aportada ahora por el ayuntamiento «nos lleva a una consideración bien distinta, lo cual ignorábamos en el momento en el que se acordó la suspensión cautelar urgente». Así, señala que la composición que recoge la convocatoria de las plazas, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), no es la misma que refirió el sindicato en su demanda y cuando pidió la medida cautelar urgente. Según las bases, los vocales serán un funcionario de carrera designado por la consejería en materia de coordinación de la policía local que debe ser elegido por sorteo; el jefe de la policía local o en su caso un mando intermedio también determinado por sorteo y un funcionario de carrera designado por el alcalde, por sorteo igualmente.

En cuanto al orden de las pruebas selectivas, USO defiende que la psicotécnica debe ser la primera que se realice. Sin embargo, la jueza echa mano de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura que establece la relación de las pruebas en el siguiente orden: físicas, teóricas, prácticas, psicotécnica y médica.

Con todo ello, el auto concluye que decaen las alegaciones realizada por el sindicato y se levanta la suspensión porque «causaría mayor perjuicio» mantenerla que dejarla sin efecto. En todo caso, la vista está fijada para el 22 de julio, que será cuando USO aportará «la documentación probatoria necesaria», según manifestó ayer el sindicato tras hacerse público este segundo auto.

Por su parte, el sindicato Aspolobba, que ha venido defendiendo la falta de sostén legal de los argumentos de USO, pidió que se convoquen las pruebas para que la selección de los agentes puedan culminar antes del inicio del curso en la Academia de Seguridad Pública en septiembre, lo que permitiría su incorporación a principios del 2010 y solventar la escasez de plantilla.