Esta mañana, a las 10.30 horas, tenía que ejecutarse la orden de desahucio que dejaría en la calle a Vicenta Núñez y a su hijo José Antonio, de 22 años, con paralisis cerebral y una discapacidad del 84%. Ayer supieron, a través de su abogado, José Luis Díaz, que tienen otro mes de plazo para abandonar la vivienda. Esta última fecha ya parece irreversible, aunque esta madre y su hijo se nieguen a marcharse. Su abogado ha intentado alargar el proceso presentando recursos para ganar tiempo pero ya no ve más salida y ayer expresaba su impotencia por no poder encontrar una solución para este «caso extremo».
El piso es una vivienda situada en un bajo en la calle Villaviciosa, en la barriada de El Progreso, que Vicenta ocupa desde hace 28 años y por la que paga una renta antigua de 150 euros mensuales. La dueña original del piso murió y lo heredaron sus hijos. Allí se ha criado José Antonio, a quien Vicenta acogió con tan solo siete meses y adoptó.
El problema surgió cuando a partir de enero del 2017 dejó de pagar durante ocho meses el alquiler al nuevo propietario porque se negaba a arreglar una gotera, cuya reparación ella afrontó. Vicenta reconoce que se equivocó, por desconocimiento. Retomó el pago de los alquileres posteriormente, pero ya no había vuelta atrás. Su abogado señala que tendría que haber denunciado al propietario por no mantener la casa en condiciones de habitabilidad, pero en lugar de eso, decidió no pagarle y fue el dueño el que presentó la denuncia que ha acabado en una orden de desahucio, que se habría ejecutado hoy si el arrendador no hubiese aceptado ayer la suspensión por un plazo de un mes.
José Luis Díaz apunta que aunque existe protección para impedir la ejecución por impagos hipotecarios de familias con algún miembro con discapacidad, en el caso de las deudas por arrendamiento las últimas reformas normativas protegen al arrendador. Este abogado lamenta además que desde los servicios sociales, a los que esta madre acudió hace más de un mes, no se les haya buscado una solución.
