La pasada semana de celebró en La Económica un debate sobre la sentencia del derribo de la Isla de Valdecañas. En ella participaron juristas, expertos biólogos y los promotores del proyecto. Ni soy jurista, ni biólogo ni tengo nada que ver con los inversores. Soy un mero ciudadano que ve con asombro e indignación que proyectos que pueden cambiar la secular pobreza de Extremadura tengan tan difícil cabida en esta región.

Seguramente hay razones jurídicas, biológicas e ideológicas para derribarlos, pero también hay, y muchas razones jurídicas, biológicas e ideológicas para mantenerlo y promover muchos más proyectos de esta naturaleza en Extremadura.

«Summum ius, summa iniuria», sumo derecho, suma injusticia. Salta a los ojos de la razón del común de los mortales que la pena es absolutamente desproporcionada. En la mesa se justificó, que se había declarado zona ZEPA --Zona de especial protección de aves-- a prisas y corriendo, pues la UE nos exigía que si queríamos tener subvenciones europeas, deberíamos ampliar nuestras ZEPA. Que quien paga manda. ¿No nos estarán de nuevo condenando a una pobreza perpetua nuestra dependencia de las subvenciones?. En Extremadura hay una industria de la búsqueda y captura de la subvención que incentiva la existencia, persistencia, demanda y dependencia. La Isla de Valdecañas se declaró ZEPA para poder Extremadura seguir subvencionada. Así de claro, y después un juez considera que donde hay una ZEPA no puede haber desarrollo urbanístico.

Sobre la mejora o deterioro medioambiental y de la diversidad biológica no hay duda que ha mejorado. No lo entiendo. Me resulta indignante. Y aunque ya estaba más que trillado este tema, yo quería también pronunciarme. Derribarlo sería intolerable y un nuevo freno al desarrollo de la región.