La Junta de Extremadura y el Ministerio del Interior han llegado a un principio de acuerdo para la enajenación de 90 viviendas de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra y dedicarlas a uso social, dando así respuesta a la reivindicación de los vecinos, que ya habían anunciado nuevas movilizaciones si ambas administraciones no lograban desbloquear esta negociación.
El presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, se reunió ayer en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y con el secretario general de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad del Estado (GIESE), Ricardo Llorente. Tras en encuentro, Vara confirmó que el acuerdo se llevará a cabo tras una tasación del valor económico de las viviendas por técnicos de la GIESE. La intención es que esté finalizada en los próximos meses y la Junta se acogerá a la modalidad de pago aplazado para hacer frente al coste de la operación en un plazo de diez años. La reunión mantenida es un paso más en las negociaciones que se llevan a cabo entre el Ministerio del Interior y la Junta de Extremadura para el traspaso a la Administración autonómica de este parque de viviendas. Antes de esta reunión, la opción que se barajaba era la permuta, no la compra.
En la primera legislatura de Fernández Vara ya se iniciaron contactos, que se retomaron a partir de 2015 con responsables ministeriales, la Delegación del Gobierno y colectivos vecinales para intentar dar una solución a estos inmuebles afectados por ocupaciones ilegales desde diciembre de 2017.
La intención de la Junta de Extremadura es destinar estos pisos a viviendas sociales. Antes de proceder a la enajenación, el acuerdo deberá ser ratificado por los órganos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.
Vara anunció hace una semana en Badajoz a los vecinos de Suerte de Saavedra que esperaba traer una solución de Madrid el día 14, como así ha sido.
