Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha reconocido que la Administración debe indemnizar a un agente de la Guardia Civil que sufrió lesiones por parte de una persona que fue declarada insolvente.
Según un comunicado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), impulsora de este proceso judicial, la Sala de lo Contencioso del TSJEx ha dictado una sentencia, que califica de "pionera", en la que acuerda la obligación de la Dirección General de la Guardia Civil de indemnizar al agente.
El guardia civil, con destino en un puesto de la provincia de Badajoz, resultó herido en el curso de una actuación policial, lesiones que el Juzgado de lo Penal pacense valoró en algo más de 600 euros.
El autor de los hechos fue condenado, y posteriormente declarado insolvente, por lo que el funcionario quedaba "desamparado", ya que nadie resarciría los daños sufridos en el ejercicio de su trabajo.
Los servicios jurídicos de AUGC iniciaron las gestiones para reclamar la indemnización acordada judicialmente ante la Dirección General de la Guardia Civil, pero la administración "se negó a hacerse cargo de la misma".
Ahora, la sentencia del TSJEx establece la obligación de la administración de indemnizar al guardia civil que ha sufrido lesiones en una actuación policial, en base al principio de indemnidad que rige cuando los funcionarios públicos actúan en el ejercicio de sus cargos.
"Resulta lógico pensar que el funcionario público que sufre un daño en el ejercicio de sus funciones no debe padecer además el perjuicio patrimonial derivado de las mismas, pues quedaría desamparado después de haber sufrido lesiones mientras trabaja", ha indicado AUGC.
La sentencia establece, según el comunicado, que por imperativo legal corresponde al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos y en consecuencia debe afrontar el abono de estos perjuicios cuando los penados han sido declarados insolventes.
La estimación de la demanda presentada por los servicios jurídicos de AUGC "marca un hito a la hora de reconocer derechos a los funcionarios de la Guardia Civil y ponerlos al mismo nivel que otros agentes policiales que habían visto reconocido previamente este tipo de derechos".
Así, según AUGC, este tipo de reclamaciones ya se habían realizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para sus afiliados por el mismo letrado de este caso, Segundo Berjano, y se habían estimado por el tribunal.
