Los colectivos constituidos en Plataforma Iniciativa Campillo denuncian en los escritos presentados ante la Dirección General de Patrimonio, el ayuntamiento y la Comisión de Patrimonio, "el incumplimiento" de las leyes de Patrimonio Histórico de España y de Extremadura, así como de normas del Plan General Municipal y el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Badajoz.

Plantean que El Campillo, además de ser un entorno de edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), como la Torre de Espatantaperros y la muralla, es la fachada este del casco histórico, y que la actuación de expropiación, derribo, urbanización y edificación "es y debe plantearse como una actuación única".

Antes de presentar dichos escritos, cuatro miembros de la plataforma denunciaron el incumplimiento de dos artículos de la Ley española de Patrimonio: El 19, que dice que en los BIC "no podrá realizarse obra... sin autorización expresa..."; y el 23, que "no podrá otorgarse licencia de obras que requieran cualquier autorización" y que las obras hechas sin cumplir lo anterior, "serán ilegales y se podrá ordenar su reconstrucción o demolición". E indican que se han hecho demoliciones sin proyecto de derribo y sin autorización expresa de Cultura y que ello "podría tener consecuencias económicas políticas y legales".

Otros incumplimientos se refieren a tres artículos de la ley regional, sobre la imposibilidad de colocar elementos que menoscaben la contemplación del BIC en su entorno, sin autorización; la prohibición de alterar el carácter arquitectónico y/o paisajístico, ni perturbar el BIC, y que no se puede actuar en el entorno a menos de 100 metros de elementos arquitectónicos, cuando la plataforma asegura que hay 14 metros entre las viviendas y la Torre de la Atalaya.

Los expertos Javier Teijeiro, Angel Gamero, Juan Antón y José Antonio Rico manifestaron que toda esta actuación es "una ilegalidad desde el principio", y que su denuncia la hacen obligados por las citadas leyes y con el fin de crear un debate sobre este proyecto, el "más importante en un entorno urbano de toda Extremadura", dijeron. Insistieron en que "no es una amenaza" y en que no quieren "otro cubo, pero la autoridad municipal sigue por su camino en solitario".

Los colectivos de la plataforma --a los cinco existentes se han sumado otros cuatro-- son Salvar Parque Ascensión, Amigos de Badajoz, Cívica, Vecinos del casco Antiguo, Plataforma pro Mercado de Abastos, Adenex, Círculo Pacense y Vecinos de la Margen Derecha, y hacen un llamamiento a otras entidades como Amigos del País, Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores y la Universidad de Extremadura, "porque es obligación de todos velar por el patrimonio".

Gamero, Teijeiro y Rico insistieron en la necesidad de recuperar el parcelario histórico para reencauzar el proyecto desde el debate ciudadano y cumpliendo la ley. "No entendemos esta prisa, este ritmo acelerado con este proyecto, al que ya han puesto fecha de finalización en 2016", afirmó Teijeiro. "Denunciamos este atropello que no comprendemos, pues es un proyecto que debe contar con la participación y el trabajo de los colectivos ciudadanos y culturales", añadió.

No obstante, admitieron que la Inmobiliaria Municipal sí les ha recibido "Y sabemos que ha recogido algunas de nuestras aportaciones, pero no sabemos lo que ha hecho; nosotros queremos que se haga algo, pero sea una actuación singular y respetuosa con el entorno". E indicaron que es "una actuación pública y que no debe tener solo en cuenta aspectos económicos, sino también otros sociales, culturales, históricos y artísticos", pero siempre desde el consenso.