En la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, más conocida como Biblioteconomía, el tema del derribo del Cubo es un asunto recurrente y reincidente que no se aborda en los pasillos ni en las clases y que sólo sale a la luz cuando una nueva decisión judicial se hace pública y la prensa valora las consecuencias. Ahora que el ayuntamiento ya ha culminado el proyecto de ejecución de las obras de demolición y calculado un plazo para acometerlo, su decano, Agustín Vivas, lamenta que aún no exista un plan que aborde las consecuencias de esta actuación, pues van a desaparecer los despachos de una treintena de profesores que dejarán de tener un lugar donde trabajar y que son imprescindibles para el funcionamiento del centro si se pretende que la facultad continúe abierta en el interior de la alcazaba. "Nosotros somos los perjudicados pero no sabemos buscar soluciones", señala.

Vivas respondió ayer a las preguntas de este diario sobre las consecuencias de la demolición parcial del Cubo que, según el proyecto que debe ejecutar el Ayuntamiento de Badajoz, se puede realizar en un mínimo de 6 meses y un máximo de ocho, con lo que afectará al desarrollo del curso universitario. "Esperamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer porque confiamos en que, lógicamente, para llevar a cabo todo esto primero se deberían poner en contacto con nosotros y arbitrarse, si se da el caso, un procedimiento en el que nadie salga perjudicado". razonó. El último auto judicial establecía que las obras se hiciesen en verano para no afectar a las clases. Para Vivas, lo primero que hay que resolver es acompañar el derribo de un plan de reubicación de los profesores que se van a quedar sin los 21 despachos que se van a demoler, "porque sería inviable que nosotros continuásemos aquí, no podríamos realizar nuestras labores docentes".

En su opinión, son dos cuestiones vinculadas, pues no se puede derribar parte del edificio sin plantear sus consecuencias. Apuntó además que las vacaciones estivales duran un mes y que incluso en agosto en esta facultad hay actividad. "La universidad no son solo las clases", recalcó. "Esto necesita de un plan bien ajustado y lógicamente una solución sobre cómo reubicar los despachos". Vivas desconoce si existen alternativas para utilizar otros espacios del entorno y manifestó que al coste del derribo hay que sumar el del traslado de las plantas que se pierden. Lo lógico, además, a su parecer, es que las clases y las tutorías continúen en un edificio único, un tema que aún no se ha abordado a pesar de que han transcurrido 13 años desde que se inició el proceso judicial.

El decano insistió en que la comunidad universitaria "ni confía ni deja de confiar" en que el derribo se vaya acometer porque escapa a sus funciones y responsabilidades. "Nosotros nos dedicamos a aquello para lo que nos hemos formado y todo lo demás nos viene sobreañadido", subrayó.

FIRMAS En relación a este asunto, los concejales de IU, Manuel Sosa y Felipe Cabezas, anunciaron ayer que su formación ha iniciado una campaña de recogida de firmas para apoyar una moción que presentarán en el pleno del ayuntamiento con el objeto de reclamar que sean los "responsables" los que paguen el derribo del Cubo, en concreto la que fue concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y los técnicos municipales, los mismos que ahora han accedido a firmar el proyecto de ejecución obligados "por imperativo legal".

Para Sosa, esta postura demuestra "la calidad y sensibilidad técnica" de estos funcionarios "que no van a pagar porque la Administración los protege, pero ellos son los responsables de esta burrada, una auténtica chapuza". También el portavoz municipal del PSOE, Celestino Vegas, como hizo el día anterior el concejal de Urbanismo para referirse a la sentencia, habló de "chapuza" pero para calificar la "mala gestión" del PP en este asunto.