A veinticuatro horas de la convocatoria de huelga del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, los trabajadores de la concesionaria en Badajoz la desconvocaron. El comité de empresa que los representa llegó a un acuerdo con FCC después de más de un año de negociación. La amenaza de huelga en una fecha tan señalada como Carnaval surtió efecto. Los sindicatos eran conscientes del poder de esta herramienta, regulada por el artículo 28 de la Constitución. No han conseguido todas sus demandas, pero han avanzado y estos logros les confirman que tienen en sus manos una potente arma que son capaces de blandir ante quienes toman las decisiones sobre sus condiciones laborales. Cómo lo saben. Lo saben los de FCC, los de Tubasa y los policías locales.

En plena amenaza de huelga del servicio de limpieza (que se convocó a finales de diciembre), los policías locales dejaron plantado al ayuntamiento y no pudo celebrarse la Vuelta al Baluarte, con más de 6.000 atletas convocados, muchos procedentes de otras poblaciones. Las bajas imprevistas quedaron el operativo en cuadros y la carrera se suspendió porque el equipo de gobierno no podía garantizar su seguridad. Las bajas médicas se justificaron. Pero hasta el propio ayuntamiento las ha cuestionado cuando ha anunciado que se investigarán. Todo lleva a que fue una huelga encubierta de un colectivo que no tiene derecho a huelga. Sin saberlo, los policías locales dieron alas a los trabajadores de FCC, que comprobaron cómo otros habían podido poner la ciudad patas arriba. Al ayuntamiento se le abrían dos frentes en Carnaval. Por mucho que el gobierno local insistiese en que el problema de limpieza atañe a la concesionaria y a sus trabajadores, es un servicio municipal y no podía desentenderse. De hecho, el alcalde, Ignacio Gragera, tenía listo el decreto de servicios mínimos. Por si acaso. El acaso no llegó y la amenaza surtió efecto. Nada como una buena huelga.

Otros ejemplos ha habido y más apurados aún. En junio de 2022 los trabajadores de la concesionaria del autobús urbano, Tubasa, anunciaron una huelga y la llevaron a cabo en plena feria de San Juan. Los servicios mínimos no absorbieron las colas de jóvenes esperando un taxi tras el cierre de las casetas del ferial y las protestas de los afectados. En la inmensa mayoría de los conflictos laborales, las reivindicaciones de los trabajadores se traducen en euros. Los de Tubasa, como ahora los de FCC, reclamaban una subida salarial y, en el caso del transporte público, el ayuntamiento asumió el acuerdo de incremento alcanzado, a través del denominado equilibrio financiero, que cubre el déficit de la concesionaria. Así negocia cualquiera.

A otros no les ha ido tan bien y de aquellos barros vienen estos lodos. Las quejas de la Policía Local de Badajoz siguen sin resolverse y no es raro que coincidan con las amenazas de huelga de otros colectivos. Ocurrió cuando los autobuses urbanos. In extremis, el sindicato mayoritario que representa a los policías locales, Aspolobba, alcanzó un preacuerdo con el equipo de gobierno en junio de 2022, a las puertas de la feria, que permitió desbloquear un conflicto que impedía que hubiese agentes suficientes para cubrir servicios extraordinarios. Aquel acuerdo (firmado por Gragera, que ya era alcalde por Ciudadanos) se quedó en agua de borrajas. Los policías no tienen derecho a la huelga, pero conocen sus armas, reglamentarias o no, y las hacen valer. El gobierno municipal lo sabe. Después de la Vuelta al Baluarte se ha hecho el silencio. En el ayuntamiento iban a investigar lo ocurrido y tomar medidas. También iban a investigar cuando asaltaron con gritos el palacio municipal durante un pleno y nunca más se supo. Ni entonces ni ahora. Muy calladitas están ambas partes. Algún acuerdo han alcanzado para que antes de Carnaval no haya quejas y el dispositivo de seguridad esté garantizado. Nada como una buena huelga. Aunque sea encubierta.