Incluso aquellas personas que se consideran monárquicas pueden llegar a comprender la esencia no democrática que esta institución posee al establecer que la jefatura del Estado sea de carácter hereditaria. La pomposa jura de la Constitución de la princesa de Asturias ante las Cortes Generales, el pasado martes, cuando cumplió los dieciocho años, nos sirve para pensar en el sentido y la utilidad que tiene contar con reyes en España en pleno siglo XXI. Siempre está bien hacer memoria y recordar que la monarquía fue impuesta por Franco y, a la muerte del dictador, durante la transición, fue legitimada vía referéndum constitucional en el que estaba el pack completo: la democracia incluía sí o sí a la monarquía parlamentaria. No había otra opción. Después de años en los que imperó el pacto de silencio y, por consiguiente, no había críticas a la corona porque se la veía como un pilar de la recién estrenada democracia se abrió la veda con el caso Nóos y la condena y encarcelamiento del entonces marido de la infanta Cristina. Luego vendrían la cacería de elefantes en Botsuana de Juan Carlos I, sus amantes y las investigaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales y el origen de su fortuna, que deterioraron la imagen de la corona hasta el punto de hacerle abdicar en 2014 y autoexiliarse en Abu Dabi. ¿Dónde quedaron los denominados ‘juancarlistas’? El CIS dejó de preguntar sobre la valoración de los españoles acerca de la monarquía cuando empezó a descender a los infiernos de la desaprobación popular por sus propios méritos. Y ahora le toca el turno a la salvadora, la princesa Leonor, rubia, alta y ya mayor de edad, lista para subir al trono cuando sea necesario, y toda la estrategia de propaganda real para ganar adeptos, que ha incluido inundar esta semana el centro de Madrid con su retrato en marquesinas, autobuses, banderolas y suvenires. Sin olvidar el vistoso baldaquino en la fachada del Congreso, las pantallas en la Puerta del Sol para retransmitir un «hecho histórico, trascendental y solemne», los pastelitos patrióticos pagados por el gobierno de Ayuso o el recurrente papel cuché para alabar la complicidad entre Leonor y sus padres y hermana o los modelitos, joyas, peinado y maquillaje de cada una. Pero ni siquiera todas esas medidas pueden borrar la gran ausencia, que no es la de los partidos declarados republicanos (algo evidente), sino la de los reyes eméritos. No conviene mostrarlos en un acto de este calibre, no se vaya a ensuciar todo. Por tanto, debemos entender que la monarquía, pese a la tan cacareada transparencia y ejemplaridad, sigue siendo una institución arcaica, opaca, ligada a la desigualdad, los privilegios y la impunidad, que no se somete al mismo escrutinio público que el resto de la ciudadanía.