A simple vista, escuchar su denominación-impuestos- genera algunos rechazos entre la gente, al menos desde la óptica neoliberal y su repetido mantra: el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes. Lo que se obvia aquí es que eso acontecerá sobre todo a las personas y empresas que tengan más capital. La cuestión tributaria es un clásico de la gestión de lo público con sus respectivas visiones antagónicas. Sin embargo, casi todos estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir para poder disfrutar de lo que nos ofrecen el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En suma, del estado del bienestar que tanto nos ha costado conseguir y mantener. El anuncio hace unos días del gobierno de coalición PP-Vox en la Junta de Extremadura de la eliminación del impuesto de Patrimonio y el de grandes tenedores de viviendas, que aún no se había aplicado, entre otras medidas fiscales, nos deja entrever los derroteros de este nuevo ejecutivo. Casi a la par, se descarta la gratuidad del servicio de comedor escolar para más de dos mil cien estudiantes. Cuestión de «sus prioridades»: el conocido como «impuesto de los ricos», el de Patrimonio, se suprime mientras que no se opta por ensanchar servicios públicos para toda la ciudadanía. Tal vez sean necesarias campañas de información y educación cívico-tributaria para hacer comprender que, con los impuestos, no se le roba a nadie, sino que todos ganamos, ya sea en bienestar y justicia, ya sea en tranquilidad y dignidad. ¿Nos imaginamos un mundo en el que cada individuo se tuviera que pagar la asistencia sanitaria, la educación, la seguridad ciudadana o careciésemos de pensiones públicas? Donde hay que actuar con firmeza es en el grave problema del fraude fiscal y de la impunidad de los defraudadores, empezando por los mayores, como el anterior jefe del Estado y tantos otros. Ese egoísmo y falta de honradez de quienes no cumplen con el fisco y de conciencia cívica, unida a la ineficacia de la lucha contra el fraude fiscal, son a mi juicio los principales problemas que arrastra la hacienda pública española. Hemos de ser conscientes de que hay que pagar impuestos, una cantidad mayor quienes poseen más, por solidaridad y por un mandato constitucional. Apelar a esos valores de responsabilidad fiscal en una sociedad democrática como la nuestra es clave hasta el punto de que, creo, sabemos que si queremos disfrutar de ciertos bienes tenemos que aportar y hacerlo en función a las capacidades económicas de cada cual. La hucha gigante requiere de nuestros impuestos para sostener los servicios públicos. Como reza un eslogan reciente de la Agencia Tributaria: «No es magia, son tus impuestos».
