Asalto al ayuntamiento

Tienen razón los policías locales de Badajoz y su sindicato mayoritario, Aspolobba, en reclamar que les paguen los servicios extraordinarios pendientes. Si es que aún el ayuntamiento les debe algo, porque el alcalde, Ignacio Gragera, lo niega. Tienen razón los policías locales en denunciar que, como consecuencia de una plantilla mermada, el servicio de grúa está bajo mínimos, en ocasiones solo puede haber un coche patrulla recorriendo la ciudad, no respetan sus días de descanso y los avisan con demasiada premura trastocando sus planes privados. Si así es, tienen razón en quejarse, por dignidad, como defienden.

Y tienen razón los policías locales de Badajoz en reclamar el acuerdo de equiparación salarial que se firmó en julio, del que nunca más se supo. Puede que sea criticable que el equipo de gobierno accediera a firmar esta subida en beneficio de un único colectivo del ayuntamiento, lo que provocó la protesta del resto de funcionarios. Puede que el equipo de gobierno se viese presionado por, precisamente, la ausencia de efectivos policiales suficientes, un problema que va a más y que obliga a un entendimiento permanente con este cuerpo policial, para evitar un desencuentro que tenga consecuencias en la seguridad de la ciudad. La Policía Local tiene siempre la sartén por el mango. Pero lo cierto y verdad es que existe un documento firmado por el alcalde, la anterior concejala de Policía Local, María José Solana, y el presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, que confirma el compromiso del ayuntamiento de aumentar el sueldo de estos agentes hasta equipararlo con los de la Policía Nacional. El sindicato puso sus condiciones, se negociaron y se rubricaron. Tiene razón por lo tanto en exigir que se cumpla un acuerdo comprometido. De otro modo, estaría en cuestión la validez de la firma del alcalde. El sindicato no es culpable de los desencuentros de los integrantes del gobierno de coalición. Ni de que el PP se retractase de lo que Solana había firmado, lo que llevó a Gragera a quitarle todas sus competencias y, posteriormente, a la dimisión de la propia concejala. Los líos del ayuntamiento no son problema de los policías locales, pensarán ellos. Y ahora que el alcalde es del PP, tienen razón en exigirle que cumpla lo que firmó. Tienen razón.

Pero la razón se pierde cuando se hace uso de la sinrazón. Lo ocurrido el pasado lunes cuando la corporación municipal celebraba pleno fue una sinrazón. Alrededor de 70 policías de paisano entraron en el palacio municipal, subieron hasta la primera planta y se apostaron a las puertas del salón plenario, donde permanecieron un buen rato, el suficiente para realizar una comparecencia ante la prensa. Tal como subieron bajaron y se plantaron en la plaza de España con sus reivindicaciones. Al cabo de un rato, cuando el pleno aún continuaba, volvieron a subir y esta vez lo hicieron de una forma más ruidosa, con silbatos y al grito de «¡equiparación!», perturbando con su volumen el desarrollo de la sesión plenaria. De hecho, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, pidió explicaciones al alcalde y cuestionó su autoridad.

La razón se pierde cuando se expresa a gritos. La razón se pierde cuando se hace uso de un derecho que no se tiene. Por ser policías locales accedieron al interior del ayuntamiento. Algo que no está permitido a ningún otro colectivo que convoque una protesta delante del palacio municipal. No llegan ni a los escalones de los soportales. Para impedirlo hay un policía local en la entrada. Nadie imagina, por ejemplo, que los vecinos de Suerte de Saavedra, que tantas veces se han manifestado ante el ayuntamiento para pedir un centro de mayores en su barrio, subieran sin impedimento alguno hasta la primera planta y se pusieran a gritar delante de la puerta del salón de plenos mientras dentro estuviese reunida la corporación. Ni a los vecinos se les ocurriría ni el policía local de la puerta se lo permitiría. El alcalde anunció que pedirá un informe y que actuará en consecuencia. Ya está tardando. Seguramente ese informe, si finalmente se realiza, no se hará público ni tendrá consecuencias. Se admiten apuestas.