Cuatro estudiantes que tenían un piso alquilado desde el curso anterior, en el que habían permanecido hasta julio, al regresar en septiembre por el comienzo de las clases comprobaron que sus llaves no abrían la puerta de la que era su casa, de la que tenían un contrato de alquiler. Alguien se había colado en agosto y había cambiado la cerradura. En Badajoz no es fácil encontrar un piso de alquiler y menos en fechas tan precipitadas. El caso saltó a los medios de comunicación y amigos y conocidos de las familias de estos jóvenes no tardaron en ayudarlos. Pronto encontraron otro piso. Algunas de sus pertenencias seguían en el anterior: un televisor, un congelador, apuntes, ropa y hasta ordenadores. No contaban con recuperarlos y así ha sido. Gracias a la solidaridad ciudadana, estos chicos solucionaron rápidamente su problema de alojamiento. La reacción ciudadana lograba resolver una situación para la que las leyes no prevén una solución ágil. La rapidez es fundamental en este tipo de situaciones. Los jóvenes que se quedaron en la calle necesitaban con urgencia un techo bajo el que vivir. Si hubiesen esperado a que la justicia obligase a desalojar de su piso a los okupas, habría transcurrido la mitad de curso.
La preocupación pasaba al dueño de la vivienda okupada. En Badajoz no son habituales los casos de okupación. Quizá por eso éste ha tenido tanta repercusión. Y porque quienes tienen un piso en propiedad vieron cortar las barbas del vecino. Les hizo pensar que a ellos también les podría pasar. Les puede pasar: irse de vacaciones y que al volver sus llaves no entren en la cerradura. El caso de este grupo de estudiantes no ha sido una okupación. Se okupa una vivienda cuando está vacía y en desuso. Pero su piso estaba habitado. Es un delito de allanamiento. Era el hogar de estos jóvenes, aunque fuese de alquiler. Era su casa, de la que habían faltado un mes por sus vacaciones.
Su historia provocó una reacción entre ciudadanos que se imaginaban en su misma situación y el pasado miércoles, de forma espontánea, decenas de vecinos se lanzaron a la calle para hacer ruido contra los okupas. La protesta se fue de las manos cuando algunos de los manifestantes entraron en el bloque, subieron al rellano y aporrearon la puerta del piso okupado. En apenas tres horas estos vecinos enfadados consiguieron lo que la justicia hubiese tardado meses. Es verdad que el propietario no ha denunciado el primer día. Ha tardado en reaccionar porque no sabía a qué se enfrentaba y cuáles eran sus derechos o direcciones a seguir. Pero una vez informado ha tenido claro que unos días antes o después no iban a agilizar la resolución de su problema. Ya habían pasado más de 48 horas desde que el piso fue okupado, que es el plazo establecido para que la policía pudiese actuar sin orden judicial y siempre que no hubiesen cambiado la cerradura. Como no era el caso, el dueño tendría que presentar una demanda civil por desahucio o por la vía penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles y armarse de paciencia.
La paciencia se mide en décimas de segundo y para entonces ya había muchos vecinos preocupados y enfadados. Un simple mensaje convocando una cacerolada a las nueve de la noche fue suficiente para movilizarlos y más de un centenar acudieron dispuestos a protestar hasta conseguir que los okupas abandonasen lo que no es suyo. Una vez más la reacción ciudadana ha dado muestras de solidaridad poniéndose en la piel de los agraviados.
Este no puede ser el final de esta historia. Si es verdad que la pareja que okupó el piso se ha adueñado de enseres que no son suyos, debe responder de este hurto. Como también tendría que haber una respuesta de los servicios sociales, que deberían comprobar si existe una situación de vulnerabilidad de estos jóvenes, cuyo paradero se desconoce. Salieron de madrugada de un piso sin saber dónde pasarían la noche. Como el de la propiedad, el derecho a una vivienda digna está reconocido por la Constitución y tienen que existir mecanismos públicos que lo protejan. No sabemos las circunstancias de esta pareja. Desconocemos si ha solicitado una vivienda social o está en lista de espera. Si vivía en la calle o si son unos profesionales de la okupación, la extorsión y el robo. Ninguna razón justifica que se apropien de lo que no es suyo y okupar una vivienda ya ocupada no puede ser una salida para nadie. Cuentan con que tarde o temprano tendrían que marcharse. Cuando haya juicio, si lo hay, sabremos qué los llevó a entrar en este piso: si buscaban un techo o sacar otro tipo de provecho.
